Ecuador impulsa el emprendimiento femenino con nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional
- Alejandro Tapia
- 11 mar
- 2 Min. de lectura
El 19 de febrero de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó con 110 votos a favor la "Ley Orgánica para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras del Ecuador". Esta iniciativa, presentada como urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa, busca fortalecer los emprendimientos liderados por mujeres mediante la implementación de mecanismos financieros, fiscales y sociales que faciliten su acceso a recursos, capacitación y mercados.
Principales beneficios de la ley:
Acceso a créditos preferenciales: Las instituciones financieras nacionales, tanto públicas como privadas, deberán ofrecer líneas de crédito con tasas de interés reducidas, plazos flexibles y periodos de gracia para las mujeres emprendedoras registradas.
Incentivos tributarios y simplificación de trámites: Se contemplan exenciones en el pago del Impuesto a la Renta y la eliminación de tasas administrativas para los emprendimientos liderados por mujeres. Además, se busca agilizar y simplificar los trámites administrativos necesarios para la formalización de estos negocios.
Capacitación y educación continua: La ley establece programas de formación técnica en áreas como tecnología, finanzas y marketing, así como la implementación de becas para facilitar el acceso de las mujeres emprendedoras a la educación superior.
Eliminación de registros de deudas menores: Por única vez, se dispone que las instituciones y empresas que prestan servicios de referencias crediticias eliminen de sus registros la información histórica de deudas menores a USD 3.000 de mujeres emprendedoras registradas, facilitando su acceso a nuevos créditos.
Esta ley representa un avance significativo en la promoción de la equidad de género en el ámbito económico, reconociendo y apoyando la diversidad de las mujeres emprendedoras en Ecuador, incluidas aquellas de zonas rurales, pueblos
y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, adultas mayores, migrantes y víctimas de violencia.
Con la implementación de esta normativa, se espera no solo fomentar la justicia social, sino también impulsar el desarrollo económico del país en beneficio de toda la sociedad.
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